El Ministerio Público de Bolivia ha solicitado la pena máxima de 10 años de prisión para ocho presuntos responsables de la contratación irregular de 324 respiradores pulmonares en 2020, en plena pandemia del Coronavirus. Esta transacción, que según investigadores judiciales se realizó de forma irregular, ha generado una afectación económica al Estado de más de 10 millones de dólares.
Entre los acusados se encuentran figuras prominentes, como la exministra de Salud del gobierno de 'transición', Eidy Roca, y el exviceministro Elías Cordero. La Fiscalía ha imputado a los ocho individuos por haber celebrado contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, anunció esta medida en una conferencia de prensa, donde afirmó que se busca una sentencia condenatoria para todos los responsables y que se aplicarán agravantes a la pena máxima solicitada.
El proceso irregular de contratación directa para la compra de los 324 respiradores pulmonares, provenientes de China, ha desatado una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Una comisión de recepción de estos equipos advirtió que no cumplían con las especificaciones técnicas solicitadas y no dieron su conformidad en la recepción de los mismos. A pesar de esta alerta, se firmó una segunda enmienda en el contrato, lo que levantó más sospechas sobre la transacción.
El Ministerio Público ha basado su acusación en 38 pruebas testificales y 53 pruebas documentales que se recopilaron durante la etapa preparatoria de la investigación. Estas incluyen un dictamen pericial de auditoría forense que identificó irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares y informes técnicos que demostraron que no cumplían con las especificaciones ofertadas por el proveedor. También se presentó un dictamen pericial emitido por un especialista técnico que concluyó que los respiradores no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos con COVID-19.
La exministra de Salud, Eidy Roca, ha respondido a estas acusaciones afirmando que no compró los respiradores y que estos ya estaban en Bolivia cuando asumió su cargo. Aseguró que tiene la documentación necesaria para respaldar su inocencia y está dispuesta a defenderse ante los cargos presentados.
Este escándalo de los respiradores ha sacudido a Bolivia y ha generado una demanda de transparencia y rendición de cuentas en medio de la lucha contra la pandemia. La sociedad boliviana observa con atención el desarrollo de este caso y espera que se haga justicia en relación con la gestión de fondos públicos en un momento crítico para la salud pública del país.
